La urgencia manifiesta en Colombia, su uso, abuso y control en situaciones de desastres naturales

Abstract

La urgencia manifiesta en Colombia está consagrada como una figura jurídica de uso excepcional bajo la modalidad de contratación directa, cuyo uso se invoca ante la ocurrencia de situaciones de desastres naturales, emergencias sanitarias, calamidades producidas por casos fortuitos o fuerza mayor, o alteración del orden público, su propósito es facultar a las entidades estatales a contratar bienes y/o servicios sin acudir a un proceso de selección ordinario, además de destinar recursos públicos sin previa planeación para mitigar o dar solución a dichas eventualidades de manera inmediata, no obstante pese a su regulación y control institucional, su uso no está exento de arbitrariedades, declaraciones injustificadas y abusos por parte de las diferentes entidades que la declaran, ya que en la práctica acuden a su declaratoria para evadir controles propios de la administración pública, favorecer a terceros o ejecutar recursos públicos sin la debida planeación, lo cual refleja una inminente violación a los principios de legalidad, planeación, moralidad y transparencia. Además, el presente articulo busca, analizar a partir de la metodología cualitativa y un enfoque jurídico, identificar los criterios legales y procedimientos administrativos que justifican la declaratoria de la urgencia manifiesta en Colombia, aparte de de examinar el papel que desempeñan los entes de control en sus labores de seguimiento, vigilancia y sanción como requisito indispensable al cual está sometido la figura posterior a su declaratoria. Es por ello que por medio del presente artículo se obtiene que, si bien la urgencia manifiesta es el mecanismo idóneo por medio del cual el Estado busca garantizar la intervención oportuna ante situaciones de desastres naturales, emergencias sanitarias y eventualidades que requieran de respuesta inmediata, la misma representa un riesgo para el manejo de los recursos públicos, en los casos donde se emplee de forma arbitraria o abusiva, para lo cual se plantea fortalecer dichos mecanismos o robustecer las herramientas y políticas de vigilancia, prevención y control de las entidades que ejercen dicho papel de inspección, a los cuales está sometida la figura, y de esta manera garantizar su uso transparente y adecuado.