Resumen:
El presente artículo aborda una revisión crítica del sentido del legislador frente al contrato de prestación de servicios en la Ley 80 de 1993, analizando su eficacia jurídica, sus repercusiones en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8: Trabajo decente y crecimiento económico, y las tensiones que genera con el principio de transparencia en la contratación estatal. A partir de un enfoque cualitativo, con revisión documental y análisis jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se evidencia cómo la figura contractual ha sido objeto de una aplicación desnaturalizada que, en muchos casos, oculta relaciones laborales encubiertas y precariza las condiciones del trabajador vinculado al Estado. El artículo, producto de un ejercicio investigativo, examina la intencionalidad del legislador en la Ley 80 de 1993, la evolución normativa posterior (Leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018), y los efectos socioeconómicos derivados de la instrumentalización del contrato por prestación de servicios. Se reflexiona, además, sobre la compatibilidad de esta práctica con el principio de transparencia, la eficiencia administrativa y los compromisos internacionales de Colombia en materia de trabajo digno. Finalmente, se propone una lectura integradora entre el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral, en clave de desarrollo sostenible, que permita reinterpretar la función del contrato estatal desde una perspectiva de responsabilidad social y justicia contractual.